Por Martha Andrés Román  (*)

Washington (PL)

Las políticas de inmigración del actual Gobierno norteamericano provocan frecuentemente críticas y condenas, pero el enojo colectivo ante esas prácticas alcanzó un nuevo nivel cuando miles de niños se convirtieron en sus víctimas más visibles.

Desde hace semanas comenzaron las denuncias sobre la creciente separación de familias en la frontera sur de Estados Unidos, como consecuencia de la implementación de la 'tolerancia cero' que el fiscal general Jeff Sessions anunció en abril, y que entró en vigor el mes siguiente.

Esa política, cuyo objetivo es el enjuiciamiento de quienes entren ilegalmente a este país, tuvo un daño colateral que generó gran indignación: mientras los padres esperaban el enfrentamiento de cargos criminales, los niños eran sacados de su lado y enviados a centros con otros menores.

Datos divulgados en los últimos días señalan que suman más de dos mil 300 los infantes retirados del lado de sus progenitores a raíz de la medida de la administración de Donald Trump.

El 18 de junio, en tanto, crecieron las condenas a raíz de una grabación divulgada por la agencia de noticias ProPublica, en la cual se oye, según precisó el medio, 'el llanto desesperado de 10 niños centroamericanos, separados de sus padres un día de la semana pasada'.

Inmoral, vergonzosa, cruel o desgarradora fueron algunos de los adjetivos empleados por legisladores demócratas y republicanos, grupos de derechos de los inmigrantes, líderes religiosos, pediatras, funcionarios de administraciones previas y usuarios de las redes sociales para calificar esta práctica.

Las cuatro ex primeras damas del país que aún viven -Rosalynn Carter, Hillary Clinton, Laura Bush y Michelle Obama- estuvieron entre las voces de condena, a las cuales se sumó, incluso, la esposa del actual mandatario, Melania Trump.

Se necesita un país donde se sigan todas las leyes, pero también donde se gobierne con el corazón, expresó la actual primera dama en un comunicado, en lo que varias fuentes vieron como un inusual posicionamiento que de algún modo contradijo la postura de su propio marido.

Ello se debió a que, mientras Melania llamó a gobernar con el corazón, el gobernante republicano usó la estrategia de culpar a los demócratas de la separación de familias, debido a lo que él considera obstruccionismo por parte de los miembros del partido azul en la aprobación de nuevas leyes migratorias.

Lo que está sucediendo es 'muy triste', pero es culpa de los demócratas, expresó el jefe de Estado, quien afirmó que si los miembros de la fuerza contraria se sentaran a negociar, 'en lugar de obstruir', podrían hacer algo al respecto muy rápido.

Sin embargo, medios de prensa y otras fuentes sostuvieron que Trump culpaba de forma falsa a los demócratas por la decisión de su propio Gobierno de acusar criminalmente a cada inmigrante adulto.

Bajo la administración de Barack Obama (2009-2017), a las familias solo se las remitía a los tribunales de inmigración para procedimientos de deportación o para que se escucharan las solicitudes de asilo, y se les liberaba con supervisión, recordó recientemente la cadena CNN.

El diario The Washington Post indicó que la situación se había convertido en una prueba moral para Trump y su mandato, y que pese a su insistencia en culpar a los demócratas, él tenía la facultad para ordenar de inmediato a los agentes fronterizos que dejaran de dividir a las familias.

PRESIONADO, TRUMP SUSPENDE LA SEPARACIÃ'N FAMILIAR

La veracidad de la afirmación del Post y otros medios se confirmó el 20 de junio, cuando presionado por los crecientes reclamos provenientes de los más variados círculos y lugares, Trump firmó una orden ejecutiva para ponerle fin a la separación familiar.

El enojo mostrado por tantas voces parece haber movido al jefe de la Casa Blanca a no esperar por la acción de un Congreso al que quería dejar la responsabilidad en el asunto, sobre todo a cinco meses de los comicios de medio término de noviembre venidero.

Para esas elecciones, en las cuales los republicanos tratarán de mantener el control de las dos cámaras del legislativo, el tema migratorio debe tener un peso importante.

Al rubricar el documento en la Oficina Oval, el mandatario republicano declaró a los medios que sí continuarán con la tolerancia cero que dio origen a la situación.

El cambio consistirá en que a partir de su decreto, los padres en espera de enjuiciamiento podrán permanecer junto a sus hijos, en lugar de ser llevados a instalaciones diferentes, como estaba sucediendo hasta el momento.

La orden establece que aunque la administración hará cumplir 'rigurosamente' las leyes de inmigración, también es su política mantener la unidad familiar, incluso con la detención de los familiares de forma unida cuando sea apropiado y consistente con la ley y los recursos disponibles.

Sin embargo, desde el momento en que el jefe de Estado rubricó el texto comenzaron a saltar alarmas sobre su contenido, y la polémica en torno al tema parece lejos de terminar.

Uno de los asuntos controversiales es que la orden no se aplica a las familias ya separadas, sino a las que lleguen en el futuro, por lo cual los dos mil 300 niños que están actualmente bajo la custodia del Departamento de Salud no se reunirán de inmediato con sus progenitores.

El decreto ejecutivo también apuntó que el Departamento de Seguridad Nacional estará a cargo de las nuevas familias durante el periodo requerido para su proceso en la corte, el cual puede durar meses e incluso años, si bien Trump orientó dar prioridad a los casos con menores.

Tal decisión choca con el acuerdo legal conocido como Flores, de 1997, que prohíbe al Gobierno mantener a los niños detenidos, aun con sus familias, por más de 20 días.

Por eso, el documento manifiesta que el fiscal general del país deberá presentar rápidamente una solicitud ante el tribunal del Distrito Central de California para modificar esa sentencia de una manera que permita retener juntas a las familias extranjeras mientras se procede con los enjuiciamientos.

Dados el contenido y las condiciones de la nueva orden, se espera que grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes interpongan acciones judiciales.

Líderes de entidades de ese tipo ya se pronunciaron al respecto, como la directora de Movimiento Puente, de Phoenix, Arizona, Francisca Porchas, quien dijo en una conferencia de prensa que lo aprobado por Trump 'no es reunificación familiar, es encarcelamiento familiar'.

Según César Espinosa, director ejecutivo de Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha, con sede en Houston, Texas, se oponen a la orden porque se continuará deteniendo a niños mientras el texto solo se usa como un truco político para parecer más 'compasivo'.

*Corresponsal jefa de Prensa Latina en Estados Unidos.