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CHILE. EXTRANJEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS, OTRA DEUDA CON LA JUISTICIA

Publicado: 2018-03-07


Reportaje de Londres 38

Mientras se discute un proyecto de ley sobre migración en Chile, aún la justicia tiene una deuda de más de cuarenta años con la verdad y justicia respecto del destino final de decenas de extranjeros reprimidos por de la dictadura. Casos abandonados por los tribunales, donde la clave está en la acción de los tribunales y del Estado chileno por investigar estos casos.

Publicado el 21 de febrero de 2018

Por Lissette Fossa

La uruguaya Nelsa Gadea tenía 29 años cuando fue detenida por personal del ejército a fines de 1973, en su lugar de trabajo, una oficina de la Corporación de la Vivienda (CORVI). Se presume que pasó por el centro de detención de Londres 38 y posteriormente a Tejas Verdes, patrón de detención y traslado común en las detenciones de ese momento, según lo investigado por Karinna Fernández.

En Tejas Verdes, Nelsa Gadea fue reconocida por la sobreviviente Ana María Moreira Fuenzalida, quien la describió "en muy mal estado", incapaz de hablar y con signos visibles de haber sido torturada con electricidad. Desde enero de 1974 Nelsa Gadea se encuentra desaparecida.

Como Nelsa, son 63 los extranjeros víctimas de ejecuciones y desapariciones en dictadura reconocidos por el Estado chileno, según un estudio de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación del año 2003. La mayoría de los extranjeros víctimas de la represión chilena fueron argentinos (14), uruguayos (10), Brasileños (5 desaparecidos en Chile y 2 en Argentina bajo la operación Cóndor, junto a un grupo de chilenos), bolivianos (4), españoles (4) y ecuatorianos (4).

Las y los extranjeros detenidos desaparecidos en dictadura en su mayoría eran militantes de partidos políticos y llegaron a Chile con el claro objetivo de colaborar con el proceso de la Unidad Popular. Mientras algunos de ellos incluso tenían calidad de refugiados, perseguidos por dictaduras en sus países de origen y otros simplemente llegaron para participar en el proceso histórico del país.

Nelsa Gadea.

"Nelsa se motivó por viajar a Chile por la esperanza de un mundo mejor ¡Por el cual luchaba! Ella pensaba que la Unidad Popular era el comienzo de un avance en justicia social para América Latina", comenta su hermana María del Carmen Gadea, desde Uruguay.

Su ánimo por apoyar los procesos sociales en Chile se demostró en su insistencia por permanecer en este país. A pesar de que ya en los primeros días de la dictadura se prohibió a los extranjeros trabajar en dependencias del Estado, Nelsa continuó, a sabiendas de que figuraba en la "lista negra" del régimen. Meses antes del Golpe, su esposo, también uruguayo, viajó a Europa y ya no pudo regresar. A pesar de eso, decidió permanecer en Santiago para acompañar la resistencia del pueblo contra el Golpe.

"Creo que sí pensó que su vida estaba en peligro. Una vez me dijo: 'No tengo hijos, por que no sé que me puede pasar'", comenta su hermana.

María del Carmen Gadea viajó a Chile meses después de la detención de Nelsa. Aquí interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el 16 de mayo de 1974. En esa presentación señalaba: "Al no recibir correspondencia de ella, nosotros, residentes en el Uruguay nos inquietamos y recurrimos al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país para solicitar información acerca de mi hermana, donde se nos informó que estaba detenida en la Casa Correccional de Mujeres de Santiago, razón por la cual viajé a Santiago, posteriormente se informó que esa información había sido un error, además se agregó que no estaba en la lista de asilados, ni detenidos, ni fallecida". Tras consultar, sin éxito, al Ministerio del Interior y al de Defensa por la detención de Nelsa Gadea, el 12 de septiembre de 1974 la Corte resolvió declarar no ha lugar al recurso de amparo: "Nelsa Gadea Galán... no se encuentra detenida ni existe en su contra orden de detención".

La dificultad para encontrar la verdad sobre el paradero de sus familiares se redoblaba a la hora de estar fuera de Chile y tener otra nacionalidad. La represión estatal no escatimaba en entregar información falsa y confusa sobre la víctima e incluso en insinuar que la persona buscada podría haber salido del país.

Ariel Arcos, uno de los uruguayos detenidos desaparecidos en Chile.

"Todos estos casos tienen dificultades, sobre todo por ser extranjeros. Se hacía un poco más complejo conseguir antecedentes para dar con el nombre de los responsables", señala el abogado de la familia Gadea, Cristian Cruz.

"Para los familiares es muy difícil también porque no pueden estar presencialmente viendo detalles del proceso, no solo por querer saber, sino también aportar. La distancia es una dificultad, que hoy se ve un poco disminuida por la tecnología, pero pensando esto en dictadura, eran personas que por lo general no podían viajar a Chile y muchas veces eran perseguidos en sus propios países", agrega Cruz.

El 17 de junio de 1975 el tribunal que veía la causa cerró el sumario y reiteró la decisión de sobreseer temporalmente el caso, en consulta a la Corte de Apelaciones, la que aprobó el sobreseimiento temporal el 21 de julio de ese año.

"Hubo muchas dificultades al estar mis padres y yo fuera de Chile. Fue una búsqueda ardua, de más de cuarenta años viajando por justicia y verdad. Pero siempre tuve apoyo de los compañeros y compañeras de organizaciones de derechos humanos, que fueron sumamente solidarios. Gracias a ellos, nunca me sentí sola", reflexiona María del Carmen Gadea.

En septiembre de 2015, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en contra de 13 miembros del Ejército en retiro como coautores de los delitos de secuestro calificado de Nelsa Gadea Galán y Julio César Fernández Fernández, ambos detenidos desaparecidos uruguayos. En fallo dividido, la Segunda Sala condenó a cinco años de presidio menor, con beneficio de libertad vigilada, a Ricardo Fortunato Judas Tadeo Soto Jerez, Jorge Rosendo Núñez Magallanes, Gladys de las Mercedes Calderón Carreño, Klaudio Erich Kosiel Hornig, Ramón Luis Carriel Espinoza, Fernando Armando Cerda Vargas y Rodolfo Toribio Vargas Contreras, entre otros.

El caso de Nelsa podría ser un referente para los familiares de víctimas de la dictadura extranjeras en Chile. En la mayoría de los casos, definir los hechos que ocurrieron y a los culpables del crimen se ha vuelto una lucha que continúa sin respuesta.

La justicia aún no llega

Jane Vanini.

El 6 de diciembre de 1974, Jane Vanini resistió un tiroteo, por horas, de los efectivos del Centro de Inteligencia Regional (C.I.R.E.) y de la armada que llegaron a buscarla a su casa, en Concepción. En una de las camionetas que la esperaba fuera del inmueble se encontraba José Carrasco Tapia, -"Pepone", asesinado por la CNI en 1986-, su pareja y compañero de militancia del MIR, quien había sido detenido el día anterior. Pero Jane no vaciló y decidió disparar para resistir. Continuó hasta caer herida por una bala. Vecinos vieron que fue sacada en una camilla. No hay certeza de si se mantenía con vida o no, pero varios testimonios dicen que habría estado detenida y bajo tortura hasta cuatro días después del enfrentamiento.

Jane nació en 1945 en Cáceres, Mato Grosso, Brasil. Tras la instalación de la dictadura en su país, se mantuvo en la clandestinidad apoyando la resistencia de izquierda. Posteriormente, salió del país rumbo a Uruguay, para luego llegar a Chile en 1971. Pronto comenzó a militar en el MIR e inició una relación con Pepe Carrasco, periodista, mientras ella trabajaba como secretaria en la Revista Punto Final.

Tras el golpe de estado, ambos entraron a la clandestinidad y se trasladaron a vivir a Concepción. Entre sus compañeros era conocida como "Gabriela". El día de su muerte, Jane avisó a sus compañeros del MIR de la posible detención de su pareja, quienes trataron de convencerla de evitar buscarlo, a lo que ella se habría negado. Luego, volvió a su casa, lugar desde donde fue detenida.

Jane es la única mujer brasileña detenida desaparecida en Chile. Según datos del Comitê Carlos de Ré da Verdade e Justiça y de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación chilena, millares de brasileños llegaron al país escapando de la represión política, entre los años 1964 y 1973. Las otras cuatro personas detenidas desaparecidas del mismo origen son Tulio Roberto Cardoso Quintiliano, Nelson de Souza Kohl, Luiz Carlos de Almeida y Wanio José de Mattos, cuyo cuerpo fue encontrado y sus restos descansan en su país.

Tulio Cardoso, detenido desaparecido en Chile de origen brasilero.

En 2005 la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de la presidencia brasileña anunció que había identificado el cuerpo de Vanini, pero esa identificación no se confirmó y los presuntos restos de la joven continúan en Concepción. Sin duda, dicho proceso se vio dificultado por la complejidad de definir los detalles de las últimas horas de Jane Vanini, la falta de investigación de su caso por cerca de cuarenta años y la dificultad para establecer el contacto entre quienes llevaban la causa judicial y sus familiares, todos en su país natal.

En todos los casos de las víctimas brasileñas, el avance en la investigación judicial y en la sentencia a los culpables es escaso. No hay sentencias ni hay responsables de sus desapariciones.

Una deuda pendiente

Un cuerpo decapitado y en estado de momificación fue encontrado en 2008 en terrenos del Ejército de Chile, en Arica. El hallazgo generó conmoción y especulación en la prensa local, hasta que efectivos de la PDI y el Servicio Médico Legal identificaron los restos como los de Mónica Cristina Benaroyo Pencu, ciudadana uruguaya, militante comunista, residente en Chile en 1973 y cuyo nombre, hasta ese momento, no aparecía en las listas de desaparecidos ni víctimas de la dictadura. A pesar de que uno de sus hermanos avisó de su desaparición, ésta fue descartada de los archivos oficiales del informe Retting, por falta de pruebas. Los restos de Benaroyo fueron entregados en agosto de ese mismo año a la secretaría de la Comisión para la Paz de la Presidencia de la República del Uruguay, Soledad Cibils Braga, y luego a sus familiares, quienes le dieron sepultura en su país.

Mónica Benaroyo.

Como este, han sido varios los casos que se han sumado a la cifra oficial de 63 extranjeros desaparecidos en la dictadura chilena. Muchos de ellos cumplen el mismo perfil que Mónica Benaroyo y que Nelsa Gadea: militantes de izquierda, que trabajaban en organismos públicos y víctimas de los primeros días de la represión.

En 2010, nuevos casos de personas desaparecidas y asesinadas se sumaron a las investigaciones judiciales. En el fallo de primera instancia del Tribunal de Arica por la desaparición del chileno Grober Venegas, dos de los testimonios hablan del fusilamiento de un ciudadano boliviano y otro peruano, acusados, sin juicio previo, de narcotráfico. En el mismo expediente, el ex suboficial José Luis Catalán, quien asumió el asesinato de Grober Venegas, señala: "A fines de 1975, me fui al Destacamento Especial de Inteligencia Conjunto (...) y puedo indicar que en una parcela, ubicada en el Valle de Azapa, (...) se llevaban detenidos (…) Hubo por lo menos dos personas -un ecuatoriano y un peruano - que fueron sacados de allí y enterrados en la Playa Las Machas, dentro del Recinto Militar que existe en el norte de esta playa".

Según el abogado Cristian Cruz, para la resolución de estos casos es fundamental el apoyo que pueden dar los Gobiernos del país de origen de las víctimas: "Una vez en democracia, hubo situaciones en que el Estado uruguayo apoyó las causas. También hubo autoridades uruguayas que siempre estuvieron llanos a colaborar y fueron activos en aportar en el proceso, embajadores y algunos congresistas. De hecho, por ejemplo, para el testimonio de un ciudadano uruguayo que tuvo que viajar a Chile, el gobierno uruguayo se encargó de traerlo".

Esa ayuda estatal ha sido menor en el caso de ciudadanos de otros países caídos en Chile Para María Del Carmen Gadea, la clave en encontrar verdad y justicia en está en ello: " En casos de delitos de Lesa humanidad es imprescindible la intervención de los gobiernos de distintos países", señala.

Por mientras, casos como los de Jane Vanini y los ciudadanos ecuatorianos siguen en la impunidad, esperando la definición de los culpables de sus desapariciones.


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