Por Gustavo Espinoza M. (*)

Aunque se vea beneficiado por un Decreto Presidencial que le concedió Indulto, Alberto Fujimori será para la mayoría del pueblo peruano un reo condenado a cárcel perpetua. Originalmente sometido a un limpio y trasparente proceso judicial el año 2008, y condenado por delitos de Lesa Humanidad, recibió en su momento una sentencia leve que no se condijo nunca con la gravedad de sus acciones. Hoy, pareciera gozar de impunidad.

Si hablamos de los delitos cometidos por “el chinito de la yuca” tendríamos muchas páginas por llenar. Debemos entonces, referirnos a los acontecimientos esenciales de la vida peruana, esos que lo descalificaron ante los ojos de millones y que lo situaron como uno de los 7 dictadores más perversos y corruptos de la historia en el siglo XX, “título”, que sin duda, no se borrará de la mente de los peruanos, cualquiera sea el desenlace de los episodios que hoy se viven.

Alberto Fujimori llegó al Poder como un aventurero con suerte, de la mano del APRA, que lo catapultó y con la votación de un pueblo asustado ante la amenaza de un brutal “ajuste” Neo Liberal que finalmente, él mismo implementó. Lo primero que hizo –aun antes de asumir la jefatura del Estado –en junio de 1990- fue venderse al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a los organismos financieros internacionales, que le ofertaron el oro y el moro a cambio que aplicara el “modelo” Neo Liberal.

Ya en el Poder, -y luego del Fujishock de agosto de ese año- llegó a la conclusión que ese “nuevo proyecto” de los Chicago Boys implantado en Chile por Augusto Pinochet asesinando al pueblo; sólo podría hacerse viable en el Perú a través de un Golpe de Estado. Ese fue el origen de lo ocurrido el 5 de abril de 1992, acción que derivó en la instauración de un régimen Neo Nazi, extremadamente cruel y corrupto.

Haciendo honor sus ancestros –las viejas camarillas guerreristas niponas- el nuevo dictador vivió desde el inicio de su gestión gubernativa a la sombra del instrumento más cruel y despiadado incubado por el Imperio: la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, representada por su “asesor Presidencial”, con quien compartió impúdicamente el Poder.

Juntos, diseñaron y aplicaron una estrategia siniestra destinada a destruir la economía nacional y apoderarse de todos los resortes del Poder. Concluyeron con el desmantelamiento de las reformas progresistas del gobierno de Velasco, depuraron la institución castrense para eliminar sectores patrióticos y nacionalistas y diseñaron una estrategia destinada a fascistizar a la Fuerza Armada a fin de quebrar –de una vez y para siempre- la idea de la Unidad del Pueblo y la Fuerza Armada como instrumento de acción liberadora en el país. Para ese efecto agigantaron hasta el paroxismo la “amenaza terrorista” y asustaron a buena parte de la población intimidándola con el “peligro senderista”, que les sirvió para mimetizar en un sólo símbolo el terror, la barbarie y el socialismo.

A partir de esa política, implementaron la violencia más cruel y desmedida de nuestra historia. Fujimori –quien se hizo llamar “Chinochet” con alegría- destruyo todos los vestigios de respeto a los derechos humanos. Desapariciones forzadas, ejecuciones extra judiciales, privaciones ilegales de la libertad, establecimiento de centros clandestinos de reclusión y la tortura institucionalizada; fueron el pan del día entre 1990 y el año 2000. De ese modo “restauraron la paz”, una Paz de Cementerios, que dejó una muy dolorosa estela. El balance de los años de la violencia en el Perú –a los que habría que añadir los del gobierno de Alan García- dejó un saldo de 70 mil muertos y más de 15 mil desaparecidos. En 1996, por ejemplo, fueron detenidas 650 mil personas; y el año siguiente 670 mil; la inmensa mayoría de las cuales fueron sometidos a lo que la normatividad internacional señala como “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Matanzas como las Huaral y Huara, El Santa, Barrios Altos, La Cantuta; o crímenes, como el de Pedro Yauri, Juan Andagua, o Pedro Huilca, fueron simbólicos. Representaban la voluntad del régimen de acabar con todo vestigio de oposición a sus designios. Pero las operaciones militares en el interior del país rebasaron largamente la apariencia de un “conflicto interno” y se proyectaron como una verdadera guerra de exterminio contra las poblaciones nativas y los pueblos originarios. De ese modo pudo catalogarse también el programa de esterilizaciones forzadas, al que fueron sometidas más de 350 mil mujeres en el país. No hay que olvidar nunca que el 75% de las victimas de estas políticas salvajes, fueron habitantes de zonas rurales, poblaciones originarias y quechua-hablantes. Ancianos, hombres, mujeres y niños, sufrieron por igual los efectos de esta política devastadora que nunca será suficientemente conocida en el país.

Mientras todo esto ocurría, el Mandatario y su entorno, se robaron impúdicamente el país. Remataron las empresas públicas y saquearon el erario nacional. Sólo Alberto Fujimori se apoderó de seis mil millones de dólares que hoy permiten a sus hijos, ser propietarios de boyantes empresas mineras y otras. En su momento se denunció también que robaron barras de oro del Banco Central y hasta el Oro de Paititi, una de las riquezas históricas de la nación.

Cuando fue denunciado y se vio descubierto, no sin antes haber presentado sangrienta resistencia en lo que se denominó la “marcha de los 4 suyos” en julio del año 2000, Fujimori huyó vergonzosamente del país, renunció por fax a la Jefatura de la Nación, y finalmente se refugió en el Japón donde tuvo el cuajo de postular -sin suerte- a una Curul en el Parlamento Nipón. Finalmente pretendió volver al Perú, pero se refugió en Chile, desde donde fue extraditado. Sometido a un proceso penal –el más limpio de nuestra historia- fue condenado.

No obstante, nunca estuvo realmente preso. Fue confinado en un Centro Rrecreacional de la Policía Nacional, en el ex Fundo Barbadillo, donde dispuso de una instalación de más de 170 metros cuadrados de extensión, con jardines propios y otras comodidades. Tuvo, de manera permanente, televisión por cable, internet, teléfonos celulares y visitas constantes de familiares y amigos. Fue –como se dijere en su momento, “el más privilegiado de los reos del Perú”. Y es claro que nunca se arrepintió de los crímenes cometidos, jamás reconoció sus delitos, ni pidió perdón a sus víctimas o a los familiares de ellas. Tampoco, por cierto pagó un centavo de la “reparación civil” que le fuera demandada,, ni devolvió nada de lo que se robó impunemente.

Este reo, fue indultado –vale decir, “perdonado”- por Pedro Pablo Kuczynski, en un gesto que lo que desacreditará mundialmente. Será como si Conrad Adenauer hubiese indultado a Hitler; Sandro Pertini, perdonado a Mussolini; o el Emperador Aki Hito, al general Tojo.

Nuestro pueblo –ningún pueblo de la tierra- perdonará jamás a este asesino. Y nadie borrará de la memoria de millones los hechos vividos por cada uno de nosotros en estos años de barbarie.

Cuando en 1815, luego del Congreso de Viena, los Borbones fueron restituidos en el trono de París, retornaron de la pequeña ciudad en la que vivían refugiados, y procuraron restaurar su poder con las mismas modalidades de antaño, la gente decía de ellos: “los desterrados de Coblenza, nada han aprendido y nada han olvidado”. De alguna manera se podría decir de Pedro Pablo Kuczynski algo similar. Aunque luego del pasado 21 de diciembre aseguró que “asimilaría la experiencia”, en los hechos demostró que nada ha aprendido y nada ha olvidado. Ha vuelto a actuar con los mismos métodos y prácticas de la corrupta burguesía liberal que no tiene un ápice de vergüenza, y se doblega ante cualquier amo.

Aunque parecieras que finalmente, en el Perú la impunidad se impuso, nadie sabe cuántas vueltas da la tuerca. Los que hoy ríen complacidos, mañana habrán de llorar desconsolados. Y es que, en verdad, el indulto a Fujimori constituye una afrenta intolerable.

(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. http://nuestrabandera.lamula.pe

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