Por: DUNIA ESPINOZA M.

Alejandra Ballón es una joven y valiosa investigadora peruana, egresada del programa de Máster en Investigación Crítica, Curaduría y Cibermedia de la Universidad Head de Ginebra, que realiza actualmente un doctorado sobre las esterilizaciones forzadas en el Perú en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y que ha publicado, con auspicio de la Biblioteca Nacional del Perú un interesantísimo trabajo compilado sobre uno de los eventos más trágicos de la historia nacional: las esterilizaciones forzadas.

Hace dieciocho años, durante el gobierno de Alberto Fujimori,al amparo del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) 272,028 mujeres y 22,004 hombres peruanos, en su mayoría pobres, indígenas y de procedencia rural, fueron esterilizados. Violación a los derechos humanos, crimen de lesa humanidad o genocidio son los calificativos internacionales para este crimen. Sin embargo, aunque usted no lo crea, en el Perú la esterilización forzada no está aún tipificada como delito. Es decir que en el Perú no existe una figura delictiva denominada “esterilizaciones forzadas”.

Recordemos que el Perú vivía entonces una cruenta guerra interna que desgarraba sobre todo a las poblaciones indígenas y a los campesinos pobres. A los horrores de esa guerra, a la violencia brutal desatada por ambos bandos, que se ensañaba especialmente con las mujeres a las que no solo mataba sin piedad, sino que antes violaba, torturaba y vejaba, se sumaban las largas caminatas diarias hasta el río en búsqueda de agua, las horas perdidas, el tener que “gorrear” leña, el hambre mordiente de los niños que ellas trataban de calmar con agua y sal, los insultos de tipo racial que tenían que soportar en las ciudades a las que acudían en busca de refugio. Alejandra Ballón nos hace un exhaustivo y descarnado relato de estos hechos, pero además analiza a fondo las circunstancias en que éstos tuvieron lugar.

A partir de los años 60, USAID (La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos) y UNFPA (La Fundación de Población de las Naciones Unidas), nos señala Christina Ewing, Otra de las investigadoras. Desde un enfoque maltusiano se impulsó un movimiento de control de la natalidad tendente a disminuir los nacimientos en los países más pobres. Esta política fue aplicada en la India, en Sudáfrica, en Puerto Rico y en la China con la reglamentación del hijo único. En el Perú fue aplicada sin piedad contra mujeres nativas de la sierra y de la selva a las que se trató realmente a nivel de animales: no se les brindó ninguna información ni antes ni después de esterilizarlas, los procesos se realizaron en las peores condiciones higiénicas y ambientales, cazándolas como a ganado, transportándolas a supuestas postas de salud, encerrándolas bajo llave, muchas veces incluso sin anestesia, si ningún cuidado ni atención posterior, inutilizándolas para el trabajo, lo cual significó quitarles la posibilidad de subsistencia y que hasta hoy, 18 años después, no encuentran a dónde ir a clamar por justicia.

Y si bien es cierto que este crimen tuvo lugar al amparo de políticas internacionales de control poblacional, fue el Perú. Bajo el gobierno de Fujimori, el único lugar en el mundo donde se procedió con tanto ensañamiento, indiferencia e impunidad.

La primera conclusión entonces es que las esterilizaciones forzadas en el Perú tuvieron un móvil fundamentalmente económico, desligadas de las acciones de terror del conflicto armado y es por esa razón que ni siquiera el Informe de la Comisión de la Verdad recoge la información con la amplitud y profundidad que esta tragedia merece.

Pero ¿cuáles fueron las premisas que hicieron posible tamaño genocidio? Un rol importante lo juega el que las mujeres nativas, son personas muy pobres, generalmente analfabetas, que no conocen sus derechos civiles ni los ejercen, sobre las que recae actualmente la segunda tasa de mortalidad materna más alta el mundo. El hecho de que el Perú siga siendo uno de los países más machistas y con alta tasa de feminicidios no llegan a explicar el hecho de que hayan sido esterilizadas 272,028 mujeres y sólo 22,004 varones. Es decir, que hubo un ensañamiento contra las personas más débiles de la sociedad a pesar de que las vasectomías no sólo eran más económicas y tenían menores riesgos pre y post operatorios.

El Dr. GonzáloGianella por su parte, al analizar el caso desde el punto de vista de la salud pública con relación a la ética médica, señala que éstas son “una de las más graves vulneraciones de los derechos fundamentales ocurrida durante las décadas de violencia política. Si bien es cierto que había directrices muy sólidas respecto a la implementación implacable de esta política, conamenaza de despidos, asignación de cuotas, fijación de metas, e incentivos por logros alcanzados también es verdad que eso no puede ser suficiente para vulnerar la dignidad de las personas y sin embargo no hubo y no ha habido hasta ahora un pronunciamiento médico que asuma la responsabilidad de estos profesionales en tan monstruoso operativo.

Es evidente que el cuerpo médico es responsable directo por la aplicación de estas políticas pero tampoco es verdad, como quiere hacerse creer, que esa no fue una política de Estado sino una iniciativa casi privada de algunos profesionales, Tanto Fujimori como el Ministro de Salud, Dr. Yong Motta, se reunían semanalmente para monitorear los logros del programa.

En el tercer capítulo del libro la investigadora Gabriela Citroni reseña la lucha de las mujeres a lo largo de más de quince años por hacer valer sus derechos yalcanzar la justicia, es decir por lograr la tipificación del delito, el proceso judicial y la consiguiente sanción a los responsables. El hecho de no estar incluido este delito dentro del Informe de la Comisión de la Verdad ha hecho que estas miles de mujeres tampoco estén incluidas como beneficiaras en el plan de reparaciones adoptado como consecuencia del informe de esta comisión.

Según Julia Tamayo, otra de las investigadoras, la sostenida renuencia de las autoridades peruanas a investigar judicialmente las esterilizaciones forzadas amenaza con perpetuar una ya muy prolongada injusticia. Si bien es cierto que el entrelazamiento de las primeras débiles denuncias fue constituyendo un soporte que permitió parar con las esterilizaciones también es cierto que tanto a los hombres como a las mujeres víctimas deesta atrocidad se les ha seguido negando el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Resulta indispensable, sostiene, esclarecer la naturaleza de este crimen como crimen contra el derecho internacional, hacer comparecer ante la justicia a los responsables es parte de la deuda pendiente hacia las víctimas y la única garantía de que hechos como ése no vuelvan a repetirse jamás.

Sin embargo la justicia peruana está plagada de “pérdida de expedientes” y de “prescripciones” que no hacen sino encanallar la vida de la sociedad. Tras 18 años de denuncias infructuosas ¿qué esperanza queda ya de saber por fin qué le sucedió a cada una de estas mujeres? ¿Quién o cuándo alcanzará justicia?...

Una vez agotadas las instancias nacionales, la víctimas acudieron a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, allí se presentó el caso de la señora María MaméritaMestanza Chávez quien murió a consecuencia de una esterilización no consentida en Cajamarca en 1998. Ante la Comisión el Estado Peruano aceptó que la señora Mestanza fue víctima de un caso de violación de los derechos humanos y se comprometió a investigar y sancionar a los responsables. Apenas iniciada la causa, la denuncia fue archivada en el Poder Judicial a comienzos de 2010 con la argumentación de que el delito habría prescrito, que se trataría de un homicidio involuntario y que las esterilizaciones no se encuentra tipificadas como violación de derechos humanos. La CIDH ha condenado esta impunidad y recordado los compromisos del Estado.

El caso de la señora Mestanza es emblemático. Campesina, de 33 años, tenía siete hijos, era objeto de presiones para que se esterilizara por parte del Centro de Salud de La Encañada. Amenazaban a ella y a su esposo con denunciarlos aduciendo la existencia de una presunta ley que prohibía tener más de cinco hijos bajo pena de multa y prisión. El 27 de marzo de 1998 aceptó ser ligada en el Hospital Regional de Cajamarca. Ella falleció el 5 de abril como consecuencia de complicaciones posoperatorias no debidamente atendidas. Su marido denunció al Centro de Salud por Homicidio Culposo, sin embargo la jueza provisional de la localidad declaró que no había lugar a la apertura de instrucción. Esta decisión fue confirmada por la Sala especializada en lo Penal y el 16 de diciembre de 1998 la fiscal provisional ordenó el archivo definitivo del expediente.

Un grupo numeroso de organizaciones no gubernamentales llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un muy bien estructurado alegado sostuvieron que el caso debía ser analizado como representativo de “un número significativo de casos de mujeres afectadas por la aplicación de una política gubernamental de carácter masivo, compulsino y sistemático para modificar rápidamente el comportamiento reproductivo especialmente de mujeres pobres, indígenas y de zonas rurales”, El Perú reconoció su responsabilidad internacional por la violación de diversos artículos de la Convención Americana y de la Convención de Belem do Pará contra la señora Mestanza. Se comprometió, asimismo a realizar las investigaciones y aplicar las sanciones correspondiente a los autores intelectual, material, mediato o de otra condición, funcionarios públicos o no, civiles o militares. Se comprometió también a indemnizar con 10 mil dólares a cada uno de sus hijos y a su esposo, 2 mil dólares por los gastos de sepelio y 20 mil dólares para adquirir un terreno o casa para sus hijos y 7,000 dólares a la familia por concepto de tratamiento sicológico y seguro de salud, así como reparaciones educativas para sus hijos. Finalmente se comprometió a hacer las modificaciones legales pertinentes.

Tras 9 años de seguimiento se han cumplido las reparaciones económicas, mas no las educativas y mucho menos se ha investigado y sancionado a nadie., ni se han promulgado leyes que erradiquen definitivamente estas prácticas genocidas.

“Memorias del Caso Peruano de Esterilización Forzada es un libro de obligatoria lectura para quienes tengan un mínimo interés por conocer acerca de la vida de las mujeres peruanas. Es un libro desgarrador porque nos sacude hasta las entrañas saber que en nuestra época, en nuestro país, cuyos diarios y noticias escuchamos todos los días, cerca de 300 mil seres humanos fueron objeto de genocidio sin que nadie dijera nada. ¿Dónde estaba entonces el Defensor del Pueblo, el Contralor, el Poder Judicial, la Iglesia, los colegios profesionales de médicos o abogados? ¿Dónde nuestra la calidad de seres humanos?.

Lima, febrero de 2017