Por Jorge Gómez Barata 

MONCADA

Perú está a punto de convertirse en un país con dos expresidentes tras las rejas. Uno es Alberto Fujimori en prisión por corrupción, le sigue Alejandro Toledo contra el cual se ha dictado prisión preventiva. Otro record es el de la constructora brasileña Odebrecht que ha implicado a una docena de gobiernos latinoamericanos en sobornos, por una cifra cercana a los mil millones de dólares.

El hecho de que la corrupción política, administrativa y judicial, el tráfico de influencias, el nepotismo y todas las figuras legales asociadas a esas prácticas acompañe el devenir político en la región a lo largo de los más doscientos años, afecte a funcionarios públicos de todas las categorías, incluidos algunos presidentes, se manifieste en los gobiernos de todos los orígenes, colores y tendencias, evidencia que se trata de una condición endémica, derivada de deficiencias estructurales que es preciso resolver.

Aunque por su magnitud la situación actual es excepcional, se trata de fenómenos recurrentes en América Latina, derivados sobre todo de la debilidad de las instituciones civiles del estado y de carencias de los sistemas políticos de prácticamente todos los países. Un síntoma inequívoco es el exagerado papel de los liderazgos personales, fenómeno usualmente llamado caudillismo.

Una expresión caricaturesca de este fenómeno es que en muchos países ha comenzado a funcionar la práctica de esperar a que los presidentes y altos funcionario cesen en sus cargos para someterlos a las leyes, como ocurrió con los expresidentes peruanos y otros exmandatarios implicados en la mega corrupción patrocinada por Odebrecht, Petrobras, y otras decenas de grandes empresas.

El modelo político presidencialista, imperante en Iberoamérica es una forma de gobierno unipersonal entronizada por la primera revolución anticolonial del hemisferio que, en Estados Unidos, prosperó junto con una Constitución que estableció la separación de los poderes, condición llamada a asegurar el predomino de las instituciones y el gobierno colegiado pero que al amparo de las democracias imperfectas de la región, dota a los mandatarios de atribuciones que los convierten en virtuales reyes sin coronas, colocándolos por encima de la ley.

La función presidencial, ejercida por primera vez por George Washington, demanda de quien la ejerce una vocación para el servicio público que supone el desempeño a tiempo completo de un trabajo agotador, realizado además sin fines de lucro.

Los presidentes además de capacidades excepcionales y carisma para atraer la atención y captar las simpatías de decenas de millones de electores que creen y confían en ellos, deben poseer conocimientos en materias como economía, administración, finanzas y estar dotados de capacidades para trabajar en equipo y ejercer la dirección.

Un mandatario, además de desempeñar su cargo con la majestad debida, necesita tolerancia para lidiar con la oposición, humildad para asumir los límites del poder, probidad para abstenerse de incurrir en excesos o disfrutar de privilegios por encima de los requeridos para el ejercicio de cargo y carácter para rechazar la adulonería.

La debilidad institucional, las democracias cooptadas, los medios de difusión tramitados y serviles, la falta de órganos de control, los liderazgos prefabricados y otras imperfecciones del sistema político, facilitan situaciones como las creadas por la gestión corruptora de las empresas privadas y públicas, que como la constructora Odebrecht y Petrobras, manejan miles de millones de dólares sin apenas controles.

No puede dejar de anotarse que ello ocurre en un espacio sobrado de entidades regionales que, como la OEA, UNASUR, SICA, MERCOSUR; CELAC y otros, miran para otro lado o se abstienen de involucrarse en una lucha de la cual depende el progreso y la estabilidad política de la región. El tema tiene continuidad. Allá nos vemos.

La Habana, 16 de febrero de 2017

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