Por Gustavo Espinoza M. (*) 

La decisión de la Corte de Roma sentenciando a cadena perpetua a dos ex Presidentes Latinoamericanos y a varios oficiales de Institutos Armados de distintos países de nuestra región, ha alborotado el cotarro. El argumento de fondo, esgrimido por la justicia italiana, ha sido por cierto la “Operación Cóndor”, con una particularidad exquisita: en perjuicio de ciudadanos italianos u originarios de ese país.

No hay duda que si los afectados hubiesen nacido en otra parte, sus casos no habrían llamado la atención el mundo. Pero hoy si.

“Roma Locuta, causa finita” se dijo siempre en materia religiosa aludiendo a la infalibilidad del Papa y a la autoridad del Vaticano. Bien puede ahora acudirse a esa sentencia para decir que, en materia de derechos humanos, la palabra de la III Corte de Roma es, algo así, como Cosa Juzgada.

Ni tanto, porque los expertos alegan que la decisión de esta corte puede ser apelada y adquirir, en la perspectiva, una doble connotación: una jurídica, y otra política.

La jurídica deberá responder interrogantes concretos: ¿Fue un juicio justo? ¿Se guardo el debido proceso? ¿Se dio a los acusados, las garantías de defensa requeridas? ¿La pena dictada, es acorde a la naturaleza del delito? Y quizá otras más que los Penalistas conocen al dedillo. Pero la Política es más compleja: ¿a qué se debió el delito cometido? ¿Qué factores influyeron en el ánimo de los acusados? ¿Qué poderes se movieron, para que fuesen dictadas las órdenes que se ejecutaron?

Estas interrogantes nos conducen el caso concreto: la Operación Cóndor, mecanismo asesino creado en Santiago de Chile en noviembre de 1976 con la participación de mandos militares de ese país, Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Su objetivo era claro: capturar y eliminar a los adversarios más precisos de las dictaduras militares que gobernaban en el Cono Sur de América, en aquellos años.

Se concibieron, al influjo del sistema atentados terroristas en las principales avenidas de Washington, como aquella que quito la vida al ex Canciller chileno Fernando Letelier; o colocación de explosivos en el corazón de Buenos Aires, como la que acabó con el general Carlos Pratts y su esposa; o en las Vias de Roma, como fuere el caso de un destacado político demócrata cristiano chileno. Pero hubo otros -miles- que se ejecutaron con las más variadas modalidades. En cada país se consumaron horrendos crímenes que, en su momento, fueron justificados todos por “la prensa grande” arguyendo que tales acciones formaban parte de “la estrategia antiterrorista de las Fuerzas Armadas” en nuestro continente, y que se orientaban, por cierto a “pacificar la región”. En otras palabras, que era indispensable lavar con sangre los uniformes de las unidad castrenses para “construir la paz”.

Cuando cayeron estas oprobiosas dictaduras, las autoridades militares de entonces pretendieron esconder la documentación secreta generada en esa circunstancia; pero una providencia hizo que Martín Almada, profesor y periodista paraguayo, víctima de detenciones y torturas en su país, tuviera el privilegio de encontrar en las inmediaciones de Asunción, el local donde se habían hacinado documentos del caso. Ellos hicieron luz.

La investigación documentada permitió que se conociera la estructura armada en esos tiempos, los operativos que se realizaron, las personas que fueron sus víctimas, los centros que funcionaron; y muchas otras modalidades de acción, que se abrieron como cuando se abre una cámara de terror ante los ojos de los pueblos. Después vendrían los casos específicos: en Argentina, las Cámaras de Tortura, los campos de exterminio, las cárceles clandestinas. En Chile, Villa Grimaldi, y mucha más. En Uruguay, el secuestro de niños, y el lanzamiento de cuerpos hacia las profundidades el mar.

Después, la propia Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que siguió con particular sigilo todas estas acciones, acreditaría que, “a partir de 1978, los gobiernos de Perú y Ecuador, se sumaron”, a ese Plan macabro.

¿Qué ocurría en el Perú, en esa circunstancia? El gobierno militar de Morales Bermúdez que, digitado por la CIA, el APRA y la oligarquía, había logrado deponer a Juan Velasco Alvarado y acabar con el proceso democrático y anti imperialista iniciado en 1968; se enfrentaba a un vigoroso movimiento popular que desde 1977 lo había repudiado.

En mayo del 78 ocurrió aquí el segundo Paro Nacional contra el régimen, acción que lució aún más categórica que la del 19 julio del año anterior. Estaba claro, entonces, que “los días de la Junta”, se tornaban escasos, y que había que idear un “nuevo modo” de hacer las cosas: cambiar todo, para que nada cambie; como El Gato Pardo, de Lampedusa. Pero antes, limpiar un poco el terreno, claro

Morales Bermúdez tenía como su adlátere mas consentido al “Gaucho” Cisneros, el “general argentino”, como se le conocía en nuestro medio por haberse graduado con Videla y los suyos en las academias militares de ese país. El “Gaucho”, hizo de las suyas desde un inicio. En el plano personal tendría que decir que me encarceló tres veces: en julio del 76, marzo del 77 y enero del 79; pero a Jesús Alberto Páez, dirigente poblacional peruano, lo hizo desaparecer el 77; a Juan

Carlos Maguid -el argentino que cayó conmigo en marzo del 77- lo secuestró en abril de ese año y lo “entregó” a las autoridades argentinas para que lo mataran.

Tampoco ahí paró la cosa. En junio del 78 -el año de la incorporación de su gobierno al “Plan Cóndor”- permitió el ingreso de un Comando Operativo de Inteligencia Argentina que capturó y secuestró a presuntos “Montoneros”, de los que “nunca más se supo”, salvo la señora Noemí Esther Gianetti de Molfino, que llegó sorpresivamente a morir en un hotel de la capital española después de más de un mes, en manos de no se sabe quién.

Y luego detuvo y deportó a varios peruanos y los envió a la tierra de Videla con muy oscuros propósitos. Uno que vivió esa aventura, Ricardo Letts, la cuenta:

“Con engaños, en secreto, durante el toque de queda, golpeándonos, nos subió a un avión militar portatropas y nos esposó a los asientos. En el aeropuerto El Cadillal, en Jujuy, Argentina, al final de la pista, a unos tres kilómetros de la torre de vigilancia, nos esperaba un pelotón de soldados argentinos apuntándonos con sus fusiles automáticos. Había un transporte para los almirantes y el jefe de la tropa, y dos camiones militares para nosotros y los soldados apuntándonos. Un coronel del vigésimo Regimiento de Infantería de Montaña presidía la escena. Fuimos entregados como delincuentes subversivos y recibidos –a viva voz– igualmente.

Los trece éramos combatientes por la causa del pueblo y la nación peruana. Tres de nosotros integrábamos la Unidad Democrática Popular (UDP) y el partido Vanguardia Revolucionaria (VR): Ricardo Letts, Javier Diez Canseco y Ricardo Díaz Chávez. Dos eran destacados periodistas: Humberto Damonte y Alfonso Baella; tres militaban en el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (Focep): Genaro Ledesma, Hugo Blanco y Ricardo Napurí; José Luis Alvarado era del Partido Socialista Revolucionario (PSR); Valentín Pacho de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP); Justiniano Apaza era transportista (y actualmente congresista por Gana Perú); y José Arce y Guillermo Faura eran vicealmirantes de la Marina”.

El hecho luctuoso fue recogido también el proceso que se le siguió al ex mandatario peruano en Italia, aunque aquí la justicia, hizo “mutis en el foro “

Algunas veces, la mano de la ley tarda –se suele decir- pero finalmente llega. Pero el tema, es más complejo. Para que se cumpla la sentencia, el acusado tendrá que ser detenido y puesto a buen recaudo. Y eso, no habrá de ocurrir. Se trata, entonces, de un castigo moral. Las nuevas generaciones sabrán entonces, que hubo un presidente peruano que fue condenado a Cadena Perpetua por crímenes contra la humanidad, gracias la diligencia de una Corte europea. ¡Algo, es algo! (fin)

(*) Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / http://nuestrabandera.lamula.pe