El enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y las pandillas criminales "maras" ha escalado a nuevos niveles de violencia en El Salvador. Sin embargo, aplicar “mano dura” no conducirá a una solución, según expertos.

Un paro al transporte público impuesto por pandillas criminales en El Salvador, dejó en los últimos tres días un saldo de nueve transportistas muertos, cientos de vehículos paralizados y pérdidas millonarias en la economía. La población se ha visto obligada a pagar un mayor costo por trasladarse de un lugar a otro, viajando con protección policial.

El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén amenazó a la pandilla Barrio 18 con el despliegue del Ejército y aseguró que no negociará con criminales. Se cree que el boicot al transporte público fue ordenado desde la cárcel por dos cabecillas de la banda que fueron trasladados de penal. No se sabe cuáles son las demandas, pero el jefe de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en El Salvador, Derek Spranger, consideró que podría ser la ‘preocupante' situación de hacinamiento en las cárceles.

La población busca otros medios de transporte.

La población busca otros medios de transporte.

Cárceles sobresaturadas

“El gobierno está en una situación de impotencia y ha recurrido a medidas de represión, desplegando incluso al Ejército contra las maras; las detenciones y redadas están a la orden del día, pero el problema es que las cárceles están sobresaturadas”, afirma en conversación con DW Christa Rahner Göhring, portavoz del grupo de coordinación para El Salvador, de Amnistía Internacional, sección alemana.

La experta recuerda que el problema tiene raíces históricas. “Estas bandas juveniles surgieron tras la guerra civil (1980-1992) cuando niños y jóvenes que crecieron sin ninguna perspectiva de trabajo o educación que les permitiera ganarse la vida fueron acogidos en estas pandillas callejeras”. Se estima que hasta unos 35.000 jóvenes salvadoreños forman parte de las temibles maras.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, se produjo el regreso masivo de los expatriados salvadoreños de Estados Unidos, incluso de presos, que llegaron a un país destruido y sumido en la pobreza. "La situación es como la de un polvorín a punto de estallar. El gobierno ha reaccionado con mano dura, pero no hay que olvidar que de los ingresos de los maras vive aproximadamente un 10% de la población", advierte Christa Rahner Göring.

Jóvenes estigmatizados por la violencia.

Jóvenes estigmatizados por la violencia.

Trabajo de prevención

La organización de la Iglesia Católica alemana Misereor está muy consciente de la problemática en el país más pequeño de Centroamérica, de unos seis millones de habitantes. “Trabajamos precisamente en el ámbito en el que debiera actuar el Estado, en la prevención y en el trabajo pedagógico y social”, afirma Hanna Cornelius, experta para El Salvador de Misereor. A través de organizaciones amigas, la agencia episcopal alemana respalda la formación profesional y de capacitación para jóvenes, que les permita acceder a un empleo. También organiza talleres de teatro y los llamados “grupos ecológicos” que siguen el modelo alemán de “Pfadfinder” (Boy Scouts). “Buscamos que desarrollen ideas, para por ejemplo, pasar el tiempo libre, actividades que transmitan una sensación de autoestima a los participantes”.

Hanna Cornelius considera que debió haberse hecho mucho más en este sentido durante la tregua entre las dos principales bandas, Mara Salvatrucha y Barrio 18. Dos años (2012-2013) duró la relativa paz facilitada por asesores del entonces presidente Mauricio Funes. En esos años morían en promedio cinco personas a diario en hechos de violencia; hoy en día mueren 16. El enfrentamiento entre ambas bandas está llevando al país centroamericano a convertirse en el segundo más violento del mundo en situación de paz, después de Honduras.

DW recomienda