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una palabra autorizada en la lucha contra la corrupcion

UNA HISTORIA QUE NO SE DEBE REPETIR

El congresista Sergio Tejada, presidente de la Mega Comisión que investigó a Alan García llama a todos a una profunda reflexión y a una lucha activa contra la corrupción

Publicado: 2014-04-24

Por Sergio Tejada (*)

Mi generación atravesó su infancia entre coches bomba, hiperinflación y colas para obtener productos de primera necesidad. Se trató de un momento muy duro para el país, que nos mareó a todos como peruanos. Como parte de una familia politizada, las conversaciones de coyuntura nunca faltaban en la mesa. Las denuncias por actos de corrupción eran temas muy recurrentes: las presuntas coimas, para el tren eléctrico, las transferencias irregulares al Banco Internacional de Crédito y Comercio (BCCI), el dólar MUC, la compra de los aviones Mirage, entre otros casos que investigó la prensa y el parlamento, y que quedaron registrados en los libros “Pájaros de alto vuelo”, de Carlos Malpica (1993) y el “El caso García”, de Pedro Cateriano (1994).

No obstante, en aquel ambiente familiar no existía antiaprismo. Si bien predominaban las posiciones de izquierda, siempre se respetó la figura de Víctor Raúl Haya de la Torre. Mi bisabuelo, David Tejada Mercado (conocido como “Pachito”), fue fundador del APRA, en el Cusco, aunque renunció a su militancia en la década de 1940. Fue amigo personal de Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui, y profesor en las Universidades Populares González Prada. Los ideales que propugnó el Haya que conoció mi bisabuelo fueron siempre defendidos por él y por mi abuelo. David Tejada de Rivero, quien hasta el día de hoy reivindica su aprismo. Mi padre, David Tejada Pardo, desde el Partido Socialista Revolucionario (que fundó con mi bisabuelo en 1976) siempre defendió la idea de recuperar los aspectos más progresistas del pensamiento de Haya de la Torre para un proyecto de izquierda nacional.

La mayor parte de la dictadura fujimorista la pasé fuera del país con mi familia. Viviendo en México recuerdo el escándalo internacional que originaron las declaraciones de Sergio Siragusa, quien aseguraba haber pagado coimas al propio García Pérez para la licitación del Tren Eléctrico. Posteriormente llegaron las denuncias constitucionales en el parlamento por enriquecimiento ilícito, que llevaron al levantamiento de la inmunidad para luego caer en el archivamiento por parte de la Corte Suprema. Finalmente, otros delitos denunciados terminaron prescritos.

“El Poder Judicial está controlado por el APRA”, se decía en ese entonces. Recuerdo, ya de vuelta en el Perú, que los allegados a García –preparando el terreno para el retorno de su líder- repetían incesantemente: “se le investigó y no se le encontró nada”.

Nadie que hubiese vivido este capítulo de la historia peruana podía tomar con ligereza la titánica tarea de investigar la segunda gestión del gobierno de Alan García Pérez. Sobre todo después de los escándalos del Shock de Inversiones, las donaciones y bonos de reconstrucción tras el terremoto del sur, las fallidas compras de patrulleros y los “faenones” que revelaban los “Petroaudios”. El camino iba a ser muy difícil, había que estar preparado para sabotajes, amenazas, ataques permanentes, golpes bajos, interferencias judiciales, etc. Mi elección como presidente de la llamada “Megacomisión” fue absolutamente inesperada, no había contemplado ni siquiera formar parte de la misma y todo ocurrió por una sucesión de casualidades. Era nuevo en el parlamento pero no en política, era evidente que mi nombre a la cabeza de la comisión generó entusiasmo entre los congresistas del APRA y de ciertos sectores allegados: supusieron que era joven, inexperto, quizás manipulable o fácil de amedrentar. Nunca me han desorientado los cantos de sirena, tenía muy claro a qué venía ese inesperado apoyo. En medio de éste, sin embargo, fue muy importante el apoyo sincero de los congresistas Javier Diez Canseco y Daniel Abugattás.

La comisión investigadora se instaló en noviembre del 2012 pero, en la práctica, empezó a funcionar en enero del 2013. El abanico de temas era bastante amplio tan sólo con recoger denuncias periodísticas que nunca suscitaron mayor interés en el Ministerio Público. Se trataba de alrededor de veinte temas sobre los cuales la comisión debía establecer prioridades de investigación. Así, arrancamos con el caso de los Colegios Emblemáticos, donde encontramos un patrón que se repetía en otros casos: la voluntad de generar la excepción, de crear la “urgencia” para gobernar por decreto, de realizar una serie de modificaciones legales para disminuir los controles sobre importantes licitaciones. Lo mismo veríamos en el caso en el caso de Agua para Todos y, en cierta forma, en los “narcoindultos”.

Siendo una comisión con representantes de cuatro grupos parlamentarios, no faltaron las tensiones. Con el fujimorismo la relación no fue fácil, más de una vez vimos truncada la aprobación de conclusiones por su súbito abandono de la sesión. No todos estaban dispuestos a mirar más arriba del funcionario de rango medio, a cuestionar el accionar de algún ministro o del propio ex presidente. No obstante, la situación cambió cuando empezó a llegar la información sobre los “narcoindultos”. Luego García Pérez puso manos las manos al fuego por Facundo Chingel y reveló haber “consultado con Dios” cada una de las cinco mil gracias presidenciales. Este fue el momento de mayor cohesión al interior de la Megacomisión, todos mostramos nuestra disposición de ir tan lejos como sea necesario en este escandaloso caso. Pero el giro se dio también en los investigados: inmediatamente después de estas declaraciones, García Pérez brindó una conferencia inventando una supuesta “reelección conyugal” y un “giro del chavismo” que estaría en marcha. Además, se empezó a gestar una serie de acciones judiciales orientadas a acabar con la Megacomisión ante la incapacidad de esclarecer los hechos que investigábamos.

“El Poder Judicial está controlado por el APRA”, se volvió a escuchar en los pasillos del parlamento y en las conversaciones cotidianas.

Con Facundo Chingel detenido, la estrategia debía ser aún más agresiva. Se requería destruir el mensaje y al mensajero: mi familia recibió llamadas telefónicas con insultos; mensajes a través de intermediarios sobre el “inicio de la guerra”; carteles en la vía expresa y pintas en las paredes de Lima de Lima atacando nuestro trabajo; artículos agraviantes de ex izquierdistas que perdieron el rumbo; un folleto donde se me acusa de comunista (¿?) y que, torpemente, revelaba un reglaje de inteligencia de varios años hacia mi; golpes bajos de un García Pérez que perdió los papeles y se dedicó a las malas artes de la insinuación y la difamación; y hasta un intento de agresión física en un evento público. Por otro lado llegaron las acciones de amparo, tan solo unos meses después de haber afirmado que él no se defendía con amparos ni con llantos. Tuvo a su favor a un juez “excesivamente formalista”, pero muy selectivo: no podía permitir que el investigado por la comisión investigadora que tenía el mandato de investigar su gestión no se le pusiera la palabra “investigado” en su citación; pero minimizó que una resolución le diga “nuestro patrocinado” al investigado, pues ese sí era un tema de forma, y esa forma le era, sin embargo, insignificante.

Frente a este escenario, quienes integramos la Megacomisión tenemos el deber de defender nuestros informes. La ciudadanía reclama conocer su contenido y ver el debate en el pleno. El fuero parlamentario debe ser defendido de intromisiones con trasfondo político. De lo contrario, ya no será aquel “primer poder del Estado” como decía Haya de la Torre, sino una institución cuyo mandato constitucional habría sido cercenado y en donde cualquier juez podría enmendarle la plana a los representantes que sí han sido elegidos por el pueblo. Como alguien dijo: la historia se repite, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Quienes vivimos de muy jóvenes la tragedia de la impunidad, no podemos permitir que la farsa se imponga, pues queda claro para la ciudadanía que sí hay aspectos que deben ser esclarecidos, sí hay responsabilidades que deben ser asumidas y no debe haber personas exentas del control de la ley y la justicia. Como he dicho reiteradamente, la democracia se ve fuertemente mellada cuando hay intocables.

(*) Fuente: Revista semanal “Hildebrandt en sus trece” Viernes 18 de abril. Año 4. Nº 198. / www.jornaldearequipa.com


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