Por Vicente Otta R.

Un poder judicial lleno de pus y medios de comunicación mercantilizados y mercenarizados

La ola criminal, corrupción y sicariato en el gobierno regional de Ancash y la acusación de la megacomisión contra el ex. Presidente Alan García por miles de indultos y conmutaciones a narcotraficantes, es la punta de un icberg de corrupción y criminalidad al más alto nivel político. Ambos casos ponen al descubierto la amplia y profunda presencia del narcotráfico y la violencia criminal en las diferentes y máximas esferas del Estado peruano.

En ambos casos se trata de presidentes, del país en el caso de Alan García y regional en el caso de Álvarez. Que sigan gozando de impunidad, hasta el momento, revela la ineficacia y corrupción del poder judicial, y la venalidad de los medios de comunicación. Los asuntos de Estado más graves y trascendentes son abordados como show televisivos, como si fuera Esto es Guerra o el Valor de la Verdad. Finalmente el tratamiento a dar se determina por la suma de dinero que invierte el político corrupto sea en publicidad o en el pago directo a periodistas.

Álvarez en la región

Ezequiel Nolasco, el dirigente ancashino recientemente ultimado, denunció hasta el cansancio la corrupción existente en el gobierno regional de Ancash y las amenazas que pendían sobre su vida, ninguna instancia del Estado asumió estas denuncias ni su protección. Su muerte era ya cosa anunciada y hoy pesa sobre todos aquellos que gatillaron con su indolencia y mercenarismo la pistola que segó su vida.

Las instancias judiciales de Huaraz y Chimbote controlados por el presidente regional a través de la fiscalía de la nación (José Peláez) y el Consejo Nacional de la Magistratura (Luz Marina Guzmán y Vladimir Paz de la Barra) hicieron oído sordo a cada denuncia interpuesta por Nolasco. El Congreso a través de los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisologo le dio el tiro de gracia cuando declaró (por gestión de Heriberto Benítez) infundadas sus denuncias.

Alan García en lo nacional

El caso del ex. Presidente Alan García es aún más grave. Se trata de un político con vasto antecedente de ilegalidad, en su primer gobierno:

a) compra venta de 14 aviones Mirage 2000

b) sobornos para otorgar los derechos de construcción del Tren Eléctrico al consorcio italiano Tralima

c) Haber utilizado al empresario Alfredo Zannati para realizar diversos depósitos de dinero en Gran Caimán.

d) A García también se le acusó de haber atentado contra los derechos humanos, en los casos de los asesinatos de campesinos en Cayara y la matanza de El Frontón. Este último es el más grave y lo persigue hasta hoy

Los delitos por los que se le acusaba prescribieron, volvió al Perú y gobernó por segunda vez.

Uno (de nueve acusaciones) de los delitos mayores de García en este segundo gobierno tiene que ver con indultos y conmutaciones de pena a narcotraficantes y criminales avezados

En total se concedieron 232 indultos, de los cuales 72 fueron por casos de tráfico ilícito de drogas

5,246 casos de conmutaciones de pena. De los cuales:

- 3,207 fueron por Tráfico Ilícito de Drogas (a 400 cabecillas de bandas)

- 1,626 por Robo Agravado (asaltantes a mano armada)

- 180 por hurto agravado

-45 por homicidios

En una resolución emitida el jueves 27 de marzo 2014, el juez Velásquez Zavaleta consideró que la Megacomisión no cumplió con citar a García señalando si era investigado o testigo, el hecho o conducta ilícita y el presunto delito o infracción constitucional que se había cometido.

Lo cual, dice el juez, afectó que García ejerza su derecho de defensa a plenitud, en base a lo cual anula la citación a declarar del 4 de octubre y las conclusiones de la Megacomisión, si estas recomiendan acusar al ex presidente de diversos delitos, faltas y/o infracciones constitucionales.

Sistema judicial mafioso y venal

Como el pescado el país empieza a pudrirse por la cabeza. Es evidente que la prolongada impunidad de Álvarez en Ancash y el aun mayor blindaje político y judicial de Alan García no serían posibles sin operadores en los más altos niveles del sistema judicial y en las élites políticas y empresariales. Álvarez ha construido su red de corrupción en los últimos ocho años a punta de dinero del canon y presupuesto regional, y según algunos de dinero proveniente del narcotráfico. El presupuesto y el canon servirían mas para lavar dinero que para ser robado. Pragmatismo criminal puro y duro.

En el caso de Alan se producen variables más complejas. Un sistema judicial que sufre influencia aprista desde hace muchos años, por los menos desde los cincuentas en que la militancia aprista universitaria tiene un rol dominante en las principales universidades del país. Convertidos en profesionales de derecho muchos se incorporan al poder judicial, la gran mayoría de altos magistrados vigentes actualmente provienen de las promociones 60-70. En no pocos casos, a partir de fines del setenta, pueden haber tenido militancia izquierdista pero luego se han asimilado al stablishment controlados por los apristas. Por supuesto que ya no se trata de militancia política principalmente, se trata de dinero e influencia para enriquecerse o ascender en la institución, ser parte de la argolla que controla las decisiones y sentencias judiciales.

Alan García y los políticos corruptos de otras tiendas (como el fujimorismo o Castañeda) se benefician de un aparato cimentado en los años sesentas y consolidados como mafia con el fuji-montesinimo. Un verdadero establo de augias.

García y Álvarez tienen en común dos cosas nefastas y graves: a) temas vinculados al narcotráfico; b) protección del sistema judicial y Ministerio Público. Nadie quiere advertir estas coincidencias que ponen en grave peligro la democracia peruana, pero es evidente que los grandes operadores del blindaje a estos corruptos son los mismos: José Peláez, Fiscal de la Nación, personajes como Vladimir Paz de la Barra y LuzMarina Guzmán en el CNM y congresistas como H. Benitez, V. Crisologo, Mauricio Mulder y Velásquez Quesquén

Presencia de los poderes facticos

Este aparato mafioso sería insuficiente para producir tanta impunidad. Se requiere el apuntalamiento del poder mediático y empresarial, sin los cuales los políticos corruptos no podrían prosperar. Por eso es insuficiente responsabilizar al poder judicial. No solamente están implicados el CNM o el Ministerio Público, con papel protagónico del Fisca Peláez, sino también el Congreso que se ha convertido en un verdadero centro de lobyes y negociados de todo nivel. No solo el dinero del narcotráfico pasa por estos lugares, circula también y con mayor presencia los intereses empresariales, y de las empresas periodísticas en particular. ¿Alguien mencionó concentración de medios de comunicación; alguien quiso aprobar la ley para modificar el procedimiento de elección del Fiscal de la Nación hace 10 días?

Cuando la putrefacción llega al nivel de la nariz, los politólogos y líderes fácticos de todo nivel cumplen con derramar unas cuantas lágrimas de cocodrilo, pasado el susto o amenaza de asfixia por excrecencias vuelven a sus lobys y negociados con los promotores de la corrupción que han perturbado momentáneamente sus negocios y su tranquila vida.

Estos cómplices y aliados de la corrupción florecieron con el primer gobierno de García y se volvieron más frondosos y fuertes con Fujimori-Montesinos. ¿Alguien ha mencionado cuánto ganó la élite empresarial con Fujimori-Montesinos? ¿Cuánto con García?

Nadie recuerda cuando Dionisio Romero, Ernesto Schutz y la gente de Newmont-Yanacocha desfilaban ante el Doc Montesinos para asegurar sus negocios. Esta es la elite empresarial que gobierna nuestro país.

Luego del susto de la Gran transformación que amagó Humala antes de la segunda vuelta, siguen rozagantes y llenos de prosperidad. El país, la nación les interesa un comino como siempre ha sido a lo largo de nuestra historia colonial y republicana. El sistema político y judicial tal como funciona actualmente parece incapaz de regenerarse por sí mismo.

Estamos cada vez más cerca del México del Señor de los cielos (del capo Arellano que transportaba toneladas de cocaína por vía aérea a vista y paciencia de las autoridades) y del Colombia de la Virgen de los Sicarios que copó esferas del Estado y se llenó de asesinos de alquiler en los años 80-90, industria que floreció con Pablo Escobar y todavía está vigente.

¿Todo esto no reclama una Gran Transformación?, ¿será posible remover y limpiar toda la podredumbre acumulada sin una verdadera transformación radical, de abajo hacia arriba, con democracia y participación social y ciudadana?