La disputa y lo que está en juego en la capital peruana

Por Luis Gárate

La actual situación de conflicto político que enfrenta nuestra ciudad capital nos remite a un conocido título del periodista Guillermo Thorndike, referente a la batalla librada por los limeños para enfrentar la cruenta invasión de las tropas chilenas a fines del siglo diecinueve.

Hace unos días mencioné en un artículo que la gestión de Susana Villarán parecía estar remontando la intentona revocatoria y revirtiendo el rechazo de amplios sectores de la población. Sin embargo, la admisión a la consulta de revocatoria por parte del JNE y los índices - aunque posiblemente amañados- de algunas encuestadoras, nos habla de una situación más compleja que enfrenta esta administración municipal.

Por un lado la derecha más recalcitrante -cuya clara expresión son el ex alcalde Castañeda y su oscuro entorno, el Apra y el fujimorismo-  ha logrado en buena medida su cometido, al alinear a una buena parte de medios de comunicación en una campaña de sistemática desinformación que refuerza “sentidos comunes” sobre la alcaldesa y su gestión, así como en haber coludido abultados recursos, fuerzas y personajes clave en las instituciones para alcanzar la convocatoria a la consulta ciudadana, a realizarse con inusual premura el 17 de marzo de 2013. 

No cabe duda que esta gestión ha tenido la decisión de asumir reformas de fondo que deben seguir adelante, como la reforma del transporte público, el reordenamiento de temas centrales como el mercado mayorista, la mirada integral y participativa de los proyectos de infraestructura urbana, entre otros.

Pero mientras nos lanzamos a luchar contra la ofensiva de estos sectores brutales y mafiosos, hay temas clave que no podemos dejar pasar. Aquí una manera de lanzarlos para la reflexión colectiva:

El derecho. No olvidemos que desde la izquierda defendemos el mecanismo de la revocatoria como un derecho y  herramienta democrática que permite que los ciudadanos puedan retirar a una autoridad incompetente o que ha cometidos clamorosos actos de corrupción o de faltas públicas. Pero este hecho, como en el caso de Lima,  no excluye de que la norma pueda ser mal utilizada por sectores que solo buscan la venganza y el linchamiento político, como suele pasar a lo largo del país, y así poder dar la estocada final a su revancha.

Una manera de hacer las cosas. La gente que ha trabajado algunos años en sectores estatales sabe, más que nadie, que más allá de las muchas normas y filtros legales que existen para utilizar el dinero público, hay también maneras y “jugadas” que permiten a los decisores políticos priorizar tal o cual gasto y obra de acuerdo a un alto nivel de “rentabilidad política” o “social”. Asimismo existen un estilo de relación con el sector privado que abre ventanas para las “comisiones”, las compras corporativas, las consultorías amarradas y el facilitar las concesiones de obras. En ese estilo de hacer las cosas es que han reinado gestiones como la de Luis Castañeda, con ostentosos casos de desviación de recursos públicos.

Tratar de cambiar eso de raíz es tarea difícil, más aún cuando hay poca experiencia de gestión y especialmente de manejo de “recursos” humanos. La creatividad, la experiencia y centralmente la visión política y claridad en los objetivos del proyecto, podrían hacer que se agilicen las cosas y se llegue a sectores prioritarios, sin necesidad de caer en el delito.  

La informalidad. El limeño promedio que haya salido un poco de los “barrios clasemedieros” de la ciudad se puede dar cuenta que vivimos en medio de la informalidad e inseguridad, desde las “combis”, los taxis, pasando por los mototaxis, los softwares y discos piratas, los ambulantes que siempre se recrean, la invasión de terrenos, hasta la “viveza criolla” de los limeños para pasarse las normas de tránsito, no pagar impuestos, es decir no cumplir o sacarle la vuelta a las normas. La informalidad es un problema estructural peruano, asentado en la economía, pero también en temas culturales y en una historia de desconexiones, exclusión social y formas emergentes de escalar socialmente y acceder al mercado.

La informalidad no solo es un “mal” que combatir desde las normas, sino un complejo tejido de redes sociales que, como hemos visto en los efectos del traslado de La parada o el nuevo proceso de formalización de los taxistas, han calado negativamente en amplios sectores populares que han visto afectados directa o indirectamente en familiares, amigos o simplemente por cambios en sus prácticas cotidianas. Las medidas son justas y necesarias, pero los efectos colaterales no han sido previstos o medidos en su real dimensión.

La reconexión con los sectores populares. Las cifras de rechazo en los llamados sectores C, D y E resultan llamativas y preocupantes. Una gestión que se proclama como progresista y dirigida a los sectores populares no puede exhibir un rechazo tan extendido en estos sectores. Solo se podría explicar por una profunda desconexión emocional y la falta de una labor mancomunada entre la comunicación y la concreción eficiente de las obras. Reconstruir esa relación no solo pasa por un bombardeo informativo sobre las obras, implica también mensajes claros de autocrítica hacia esos sectores y estrategias concretas que mitiguen los efectos colaterales de las reformas, como en el caso del transporte y sus efectos en lo cotidiano (como cambios de rutas abruptos o pasajes más altos).

Decisión política. Desde los partidos y el entorno de la Confluencia de Lima se ha planteado que la campaña por el NO (a la revocatoria) sea asumida centralmente por personalidades ajenas a la gestión y tengan una “capacidad convocante” y de “sectores políticos amplios”. Este hecho puede tener un importante efecto de refuerzo en los sectores medios y altos que valoran a personalidades intelectuales o figuras públicas, pero no tanto así en los sectores populares. Se requieren mensajes más claros y sencillos, pero también resultados tangibles. Se requiere apuntalar en logística a las bases de las fuerzas progresistas y de izquierda, y por el lado de la gestión el dotar de todo el soporte material posible a las campañas y promotores municipales que se despliegan por todas las Limas.

La batalla final

A pocas semanas del 17 de marzo, fecha de la consulta, avanza una batalla, como aquella que encontró a los peruanos y limeños de manera fragmentada frente a un poderoso invasor extranjero. No nos puede coger de nuevo en la misma situación.

Recordemos que también, en aquella época, hubo heroísmo, tanto de gentes de abolengo, como de plebeyos de a pie que dieron su vida no solo por mezquinos intereses particulares, sino por una idea, un anhelo de sociedad y país posible. Esta batalla requiere ese compromiso e ideal, es muy cierto, pero también pisar tierra, mejor publicidad y medidas concretas desde la gestión, para la reconexión con los de abajo.

En esta confrontación está en juego no solo una autoridad de turno, uno o más partidos políticos, está en juego una nueva forma de hacer política, con visión de largo plazo, con transparencia y participación ciudadana. Al frente está la resignación de “así es la política”, “todos son lo mismo”, o el “roba pero hace obras”. Está claro el objetivo de la derecha y poderes fácticos: destruir cualquier atisbo de buen gobierno y propuesta progresista capaz de hacer cambios en el país, empezando en su plaza política histórica, la diversa, compleja y huachafa Lima. Sectores poderosos, que como aquellos invasores foráneos del pasado, solo los mueve regresar al poder para gobernar como saben, con el efectismo, enriqueciéndose en medio del oscurantismo y la indiferencia de la mayoría de limeños.  

Noviembre de 2012