Por FRANCESCA EMANUELE (*) 

Tomado de "Diario 16". Lima, 10 de enero del 2014

Este 2014 se cumplen 90 años desde la legalización del aborto terapéutico* en el Perú. Para regocijo de la Iglesia católica y algunos salvajes, también se celebra 90 años del incumplimiento de este derecho (violación que ha causado la muerte de miles de peruanas), frenado por la inexistencia de un protocolo que lo regule. En campaña, el presidente Ollanta Humala prometió la aprobación del protocolo que haría “efectivo” el aborto terapéutico, legal desde 1924. En la misma temporada de compromisos electorales, Humala ofreció la ratificación del Convenio 189 de la OIT (referido a los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, quienes en Perú trabajan, de media, 14 horas al día y carecen de contrato).

En la actualidad, ninguno de los dos ofrecimientos ha sido cumplido. En estas condiciones –sin bola de cristal ni artefactos agoreros que me escuden– les aseguro que este año alrededor de 200 mujeres morirán por la imposibilidad de interrumpir sus embarazos de riesgo, y aproximadamente un millón de personas continuarán trabajando en hogares como “asalariadas” y rozando situaciones similares a la esclavitud. Así, para comprender que, con frecuencia, en este país un televisor de plasma es tratado con mayor respeto y “humanidad” que una mujer, no hace siquiera falta saber que el Perú ha sido galardonado con el primer puesto sudamericano de denuncias por violaciones sexuales; ya que con solo identificar las decisiones de la “alta política” nos basta.

¿Pero cómo es posible que el aborto haya sido aprobado hace 90 años, y que un millón de mujeres (aproximadamente el 20% de las trabajadoras asalariadas) trabajen 14 horas diarias como “empleadas” sin contrato alguno que las ampare?, se preguntarán ustedes. Lo que yo me preguntaría es cómo es posible que siendo ambos temas de suma importancia y calado, sean desconocidos por la gran mayoría de la población. Y eso no es muy complicado de responder. Sin ánimo de restarle protagonismo al poder político –que obstaculiza el conocimiento de atropellos como estos–, los medios de comunicación, al omitir en sus publicaciones las problemáticas de ciertos colectivos, los convierte a su vez en fantasmas. Casi igual o peor que cuando opina, convirtiéndolos en monstruos.

Por tanto, ya no es solo que el 78% de la prensa escrita hoy esté concentrado en una sola mano, sino que el 99% de nuestros medios está confinado en una única doctrina y es promovido por un pensamiento peligrosamente similar. Los dueños y productores de los contenidos publicados en los medios de comunicación peruanos tienen “empleadas” en sus casas, crucifijos en sus salas y dinero suficiente para pagar cualquier aborto. La ratificación del Convenio 189 no les conviene, y exigir diariamente el cumplimiento del aborto terapéutico dañaría sus intereses de complicidad con la Iglesia. Conscientes de la existencia de un oligopolio explícito, pero también implícito, gobiernos de vecinos países como Ecuador, Bolivia y Argentina han aprobado en los últimos años leyes de medios de comunicación que diversifican no solo la tenencia de la prensa, sino también la procedencia (pública, privada, cooperativa). Un caso que debería servirnos de paradigma es el boliviano, donde, por ley, el 17% de los medios de comunicación debe pertenecer a los pueblos indígenas originarios y campesinos. Finalmente –y quizá no sobre decir– los países más desarrollados del mundo también tienen leyes de prensa que impiden monopolios explícitos e implícitos como los que tenemos en Perú

(*) Aborto practicado en caso de riesgo en la salud de la gestante.