MARCO MARTOS CARRERA (*)

Profesor de San Marcos

La Universidad se debe a la sociedad que la funda y sostiene. Por eso, sus objetivos naturales, la investigación, la formación de profesionales y la proyección social ,se enmarcan dentro del fin más general que concierne a todos: el bien común.

No es imaginable ninguna universidad al margen de estos objetivos. En ese sentido es natural y deseable que la universidad tenga, dentro del marco de la ley, controles rigurosos de parte del Estado, como viene ocurriendo con las universidades públicas cuyo presupuesto es aprobado y controlado por el Ministerio de Economía, por la SUNAT y la Contraloría General de la República.

Esas entidades vigilan el cumplimiento del presupuesto tanto los recursos que asigna el estado como aquellos directamente recaudados. En el aspecto académico las Universidades, amparadas por el artículo 18 de la Constitución tienen autonomía, derecho que ahora se quiere recortar a través del proyecto de ley universitaria que se discute en el parlamento.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tiene más escuelas, más maestrías, más doctorados, mayor dificultad de ingreso, más doctores, más magísteres, que cualquier otra institución del país, y que mezcla su historia con la de la propia nación peruana, ha sido y es cuna de la libertad, esencia de la enseñanza universitaria.

Sin duda el proyecto que se discute en el parlamento tiene buenas intenciones. Exhibe el defecto de origen que no ha sido consultado en toda su extensión con los propios universitarios. El punto más controversial es la creación de Autoridad Nacional Universitaria, en sustitución de la Asamblea Nacional de Rectores, entidad que ciertamente necesita ser reformada o sustituida.

El problema radica en que está Autoridad Nacional Universitaria en los artículos pertinentes 13, 14 y 15, está en contra de la Constitución del Perú y coloca a las universidades bajo el mando de personas que representan a entes ajenos a ella.

Un ejemplo solamente: ¿por qué el presidente de CONFIEP tiene participación en las decisiones sobre abrir o cerrar facultades en una universidad pública? De otro lado, y yendo a los detalles ¿por qué está solo el presidente de CONCYTEC, entidad que impulsa la investigación solo en el área de ciencias y no en las humanidades? ¿Por qué están presentes los colegios profesionales y no las Academias de Medicina, de Ciencias o de Historia que tendrían más vínculo con el quehacer universitario?

Finalmente, el Ministerio de Educación tiene bastante tarea en la que viene trabajando y tiene capacidad de coordinación con las Universidades ahora mismo. ¿Para qué darle una tarea adicional para la que tiene escasos especialistas?

Por lo dicho, aquí se propone que el proyecto de ley que se viene examinando en el parlamento, se discuta más pausadamente, que tenga el aporte de las propias universidades, que se rectifique en los puntos controversiales, para que sea ni parezca una imposición, como viene ocurriendo.

He aquí lo sustancial: esta Autoridad Nacional Universitaria puede crearse como un ente que tenga a cargo la supervisión de la calidad universitaria, pero no abrir o cerrar escuelas o programas. ¿Cómo podría supervisar si también toma decisiones?

(*) Tomado de Facebook.